Los recientes acontecimientos violentos en Reino Unido han puesto en el punto de mira a las redes sociales, el medio utilizado por muchos de los participantes en los disturbios y manifestaciones para comunicarse. Las declaraciones del primer ministro, David Cameron, acerca de la posibilidad de impedir el acceso a estas redes a los usuarios sospechosos de organizar los altercados, han puesto en guardia a la prensa y a la opinión pública frente a una posible invasión de las libertades fundamentales.
Tras la oleada de violencia vivida en Reino Unido a principios del mes de agosto las autoridades británicas han tratado de transmitir un mensaje firme a la ciudadanía, asegurando que utilizarían todos los medios a su disposición para evitar que incidentes semejantes vuelvan a repetirse. Estas medidas, según declaraciones del primer Ministro David Cameron, incluyen la de prohibir el acceso a las redes sociales como Twitter o Facebook a los usuarios sospechosos de incitar a la violencia y colaborar en la organización de los altercados.
“Estamos trabajando con la policía, los servicios de inteligencia y la industria para ver si sería apropiado impedir a la gente comunicarse a través de estos sitios y servicios web cuando sabemos que están tramando actos violentos, desorden y criminalidad”.
Esta posibilidad, junto a la imposición a los medios de comunicación de ceder a la policía el material no utilizado en sus emisiones sobre los incidentes, ha despertado la indignación en cadenas como la BBC, y ha reavivado el debate sobre las libertades fundamentales en Internet.
Privacidad vs. Seguridad
La policía británica encontró especiales dificultades en los mensajes enviados a través de los dispositivos BlackBerry, que tienen un sistema cerrado de mensajería que hace imposible rastrear los mensajes. Organizaciones de abogados en Reino Unido ya han denunciado el hecho de que Cameron se arriesga a violar el derecho fundamental de la libertad de expresión, además de amenazar la privacidad y seguridad de las comunicaciones entre ciudadanos: “Los ciudadanos también tienen el derecho a las comunicaciones seguras. Los negocios, la política y la libertad de expresión se sustentan sobre la seguridad y la privacidad”, expone Jim Killock, director ejecutivo de la organización de abogados Open Rights Group.
Efectivamente, si las escuchas sin respaldo judicial son ilegales, ¿cómo podría permitirse la injerencia en los mensajes de texto enviados con las BlackBerry de los alborotadores sin incurrir en un delito?
Por otro lado, el primer ministro urgió a Twitter y a Facebook a eliminar los mensajes, imágenes y vídeos que pudieran incitar a la violencia, contenidos que están prohibidos por los propios términos de uso de los sitios, pero que muchas veces no son rastreados por los administradores.
Las redes sociales, el coco
Aparte del debate suscitado por las polémicas medidas de Cameron, inusuales en las democracias occidentales, resulta preocupante la confusión que se produce constantemente entre medio y contenido cuando se habla de las redes sociales, sobre todo desde instancias poco familiarizadas con su uso. Aunque su presencia en la vida cotidiana de muchas personas ha revolucionado hábitos y sectores como la comunicación de masas, la propiedad intelectual y las relaciones personales, no dejan de ser una mera vía de comunicación entre personas, igual que el teléfono o el correo electrónico. Apuntar a las redes sociales como “culpables” de los incidentes no deja de ser mirar el dedo en vez de la luna, pues no son más que una vía de comunicación que, obviamente, puede ser utilizado con todo tipo de propósitos. Lo relevante, más allá de las dificultades técnicas de la policía para tratar de evitar los incidentes, no es si los alborotadores se comunican de un modo u otro, sino el hecho mismo de que tal cantidad de personas, muchas de ellas menores de edad, estén de acuerdo en violar las leyes que posibilitan la convivencia para conseguir unas metas que, a día de hoy, siguen siendo dudosas.
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