El gobierno de la Comunidad de Madrid propuso ayer en la Asamblea convertir la figura del maestro y del profesor de secundaria en «autoridad pública». La medida pretende mejorar la convivencia en las aulas, recuperando la autoridad de los docentes. Los médicos, los inspectores de educación y sanidad y los jueces ya disfutan de esta distinción, que les presupone veracidad y convierte en delito de atentado contra la autoridad pública la agresión contra su persona. Algunas comunidades españolas tomaron ya hace tiempo esta iniciativa.
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